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Intervención de Nina Dean sobre la situación Mapuche ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS Duodécima Sesión 14 de septiembre al 2 octubre de 2009 Tema 2/3 Promoción y protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, incluido el derecho al desarrollo. (Intervención de la Sociedad para los Pueblos Amenazados Internacional) Gracias, señor Presidente, señoras y señores, Señor Presidente, los mapuche post era colonial enfrentan la misma amenaza a su tierra, la vida, la libertad y la justicia, a su cultura e identidad del que fueron objeto sus antiguos predecesores, como resultado de la explotación persistente de sus tierras y recursos, sin el previo consentimiento libre e informado, requerido en virtud del “Artículo 32” de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Estado de Chile desempeña un papel decisivo en la condonación, de la explotación ilegal de los territorios ancestrales en contravenc

En su edición del 11 de septiembre, en un artículo sobre los candidatos presidenciales, en referencia a Adolfo Zaldívar se sostiene: “En noviembre de ese mismo año fue el segundo chileno en interponer un recurso de protección ante los tribunales de justicia por las violaciones de los derechos humanos, redactando el primer documento oficial sobre el tema que se presentó a la Junta de Gobierno”. Es conveniente aclarar que el primer recurso de amparo presentado en Chile fue el que interpuso Bernardo Leighton Guzmán, ex diputado, ex ministro, ex vicepresidente de la Republica, demócrata al que la banda de Pinochet trató de asesinar en Roma en 1975, quedando tanto él como su esposa con graves secuelas. Lo interpuso en favor de siete personas: Carlos Briones, Clodomiro Almeyda, Jorge Tapia, Claudio Jimeno, Óscar Waiss, Luis Armando Garfias y Álvaro Morel. Desde el 6 de octubre, día en que abre sus puertas el histórico Comité de Cooperación para la Paz en Chile, se presentaron centenares de r

Por Jorge Escalante H. Aunque el postulante que va en la lista “Por un Chile limpio, vote feliz” niega su condición de ex integrante del organismo represivo, tiene el Nº 1.981 en la lista oficial con más de dos mil agentes que el Ejército entregó al juez Sergio Muñoz, cuando investigó el crimen de Tucapel Jiménez. El empresario de la Región de Coquimbo, Percival Madero Santana, fue un agente de la Central Nacional de Informaciones (CNI), organismo sucesor de la DINA en la represión durante la dictadura. Ahora es candidato a diputado en el distrito Nº 7 de La Serena, por el pacto “Por un Chile limpio, vote feliz”, que integran el Partido Regionalista de los Independientees (PRI), la Fuerza País de Jorge Soria, y el Movimiento Amplio Social (MAS). Comparte la lista con Yuri Olivares. En la lista oficial con más de dos mil agentes CNI que el Ejército entregó en su momento al juez Sergio Muñoz cuando investigó el crimen del dirigente sindical Tucapel Jiménez, Madero ocupa el Nº 1.981 en la

El Gobierno ha cumplido a cabalidad la agenda de Derechos Humanos, comentó el ministro Viera Gallo. La reapertura de la Comisiones Rettig y Valech, confirmó este 11 de septiembre el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, subrayando que esto forma parte del cumplimiento que el Gobierno le ha dado a los temas de Derechos Humanos. El secretario de Estado comentó que lo que falta para la reapertura de ambas instancias es "cumplir con el compromiso adoptado en la Cámara de Diputados y enviar un veto aditivo” al proyecto de ley destinado a crear el Instituto de Derechos Humanos, lo que permitiría que ambas instancias funcionen desde noviembre. En cuanto al funcionamiento, la autoridad precisó que "probablemente la Comisión Rettig no va a tener gran trabajo, porque son pocos los detenidos desaparecidos que no se hayan identificado, pero la Comisión Valech sí lo va a tener, esa comisión tendrá un plazo de 6 meses para recibir los testimonios de aquel

El Ejército caducó los contratos de diez ex agentes o miembros de la institución que no pertenecieron a la DINA o CNI, todos en retiro, que se encuentran procesados por violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el coronel Marco Antonio Bustos y los suboficiales Nelson Román Vargas y Marcelo Sandoval Durán, los tres en servicio activo y también procesados por delitos de lesa humanidad, no serán dados de baja y se mantendrán en el Ejército hasta que sobre ellos pese una sentencia ejecutoriada. Bustos está encausado por el secuestro y desaparición en 1987 de los cinco militantes del FPMR, y los dos suboficiales están procesados y formalmente acusados por el crimen del químico de la DINA, Eugenio Berríos. Esa fue la información que entregó ayer en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta. El diputado Tucapel Jiménez (Ind-PPD) sostuvo que “se va a seguir el conducto regular”, por lo que algunos contratos expirarán en

Por El Mostrador Tras comparecer en una sesión secreta de la Comisión de Defensa del Senado, el comandante en jefe del Ejército, Óscar Izurieta, confirmó que los 13 ex agentes de la DINA y la CNI contratados a honorarios por la institución, serán dados de baja dentro de los próximos 30 días. Izurieta llegó hasta la instancia parlamentaria junto al ministro de Defensa Francisco Vidal, quien también fue citado para aclarar estos contratos a ex agentes represivos del régimen militar. "El Ejército ha considerado la presunción de inocencia y se ha regido estrechamente a los procesos de contratación", explicó Izurieta. "Sin embargo, en virtud de las orientaciones y las nuevas disposiciones que el Gobierno ha estimado pertinentes a estos casos se ha resuelto cesar todos los contratos de las personas sometidas a proceso que estaban a contrata", agregó.El jefe del Ejército aseguró que, en lo referido a las contrataciones, la institución ha actuado siempre con respeto al Esta

SANTIAGO.- Activistas y legisladores exigieron este domingo que varios militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante el pasado regimen militar de Augusto Pinochet Ugarte dejen de percibir salarios del Ejército, al que acusaron de ampararlos. "Hay una complicidad, el Ejército debe dar explicaciones y separar de sus filas no sólo a los que violaron los derechos humanos, sino también a quienes los amparan", expresó a presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro. La activista criticó al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, y al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, al enterarse de que un coronel y dos suboficiales procesados por crímenes de lesa humanidad permanecen en servicio activo y reciben un salario mensual. La existencia de los 13 militares retirados, involucrados en crímenes de la dictadura (1973-1990), y de otro condenado que reciben salarios del ejército, fue divulgada hace u

La Corte Suprema dictó ayer sentencia definitiva en la indagatoria por el secuestro calificado de Sergio Pérez Molina y el homicidio calificado de Lumi Videla Moya, hechos ocurridos en septiembre de 1974 y el 3 de noviembre del mismo año, en la Región Metropolitana. En fallo dividido los ministros de la Sala Penal del máximo tribunal del país Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y Carlos Künsemüller condenaron al director de la disuelta Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) Manuel Contreras a cinco años de cárcel por su autoría en el secuestro de Pérez Molina, y a 10 años y un día por el homicidio de Lumi Videla, ambas penas sin beneficios. Asimismo, igual sentencia sufrió el retirado brigadier Miguel Krassnoff Martchentko por su responsabilidad en ambos hechos. En tanto, los coroneles en retiro Cristoph Jimiquee Floel y Marcelo Moren Brito; y el teniente coronel (R) Francisco Ferrer Lima, fueron sentenciados a 10 años y un día de reclusión por su resp

Diputados de la Concertación coinciden en que los ex represores dejen de pertenecer al Ejército, por el sólo hecho de haberlo sido y aunque no estén procesados. María Angélica Cristi (UDI) defiende el derecho de ellos a trabajar, mientras que Sergio Correa, del mismo partido, opina que sólo deben cesar los encausados La permanencia en las filas del Ejército de ex agentes de la DINA o CNI en calidad de retiro y que, no estando procesados por delitos de lesa humanidad permanecen recontratados por la institución recibiendo un sueldo mensual, será uno de los puntos fundamentales a tratarse hoy en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. En la sesión que comenzará a las 18:30, participarán el ministro de Defensa Francisco Vidal y el comandante en jefe del Ejército, general Óscar Izurieta. Hasta ahora parece claro que ex agentes, o miembros de las Fuerzas Armadas que no pertenecieron a la DINA o la CNI, y que están en calidad de procesados o condenados por violaciones de los derecho

La doctrina del juez Víctor Montiglio es tajante: todo el que tuvo algo que ver con el trágico destino final de las víctimas de la dictadura, debe ser procesado y responder judicialmente, según sea el nivel de responsabilidad que le quepa de acuerdo a la pena que deba recibir, sea en calidad de autor, cómplice o encubridor. Para el juez no es válido el principio de la obediencia debida, esgrimido con frecuencia frente a él por quienes al tiempo del golpe militar tenían 21 años o poco más. Aunque éstos hayan sido soldados o cabos que en su tiempo cumplieron funciones de custodia de los prisioneros en los centros clandestinos de la DINA. Menos lo es respecto de oficiales que a comienzos de los años setenta tenían la misma corta edad. Y cuando más claro quedó demostrado este criterio del magistrado, fue en la histórica resolución que dictó el martes pasado, por la cual procesó a poco más de 150 ex agentes por los casos Operación Colombo, Operación Cóndor y el episodio de Calle Conferencia

"A mí me da pena toda esta situación y creo no es del caso que los ministros puedan interferir en decisiones que son propias del Parlamento", dijo el timonel del PS, poniendo también en tela de juicio la institución de las comisiones investigadoras. "La derecha ha usado de la peor manera el expediente de las comisiones investigadores y ahora cuando se trata de un tema de derechos humanos vota en contra", se quejó. El presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona, arremetió este miércoles contra el gobierno por el a su juicio mal manejo de la situación que dejó al descubierto el fin de semana un matutino, respecto a los sueldos que sigue pagando el Ejército a ex miembros de la DINA acusados de violaciones a los derechos humanos. El timonel de la tienda oficialista apuntó sus dardos contra los ministros de Defensa y secretario general de la Presidencia, Francisco Vidal y José Antonio Viera-Gallo luego que la Cámara de Diputados, luego de no alcanzar el quórum ne

Unos 120 antiguos represores comenzaron a ser detenidos este miércoles tras haber sido procesados el martes por el juez Víctor Montiglio, en el marco de tres casos emblemáticos de desapariciones forzadas y otras violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.Las diligencias no incluyen redadas, sino citaciones para que los imputados se presenten en dependencias de la institución a la que pertenecían, trámite que se prolongará hasta el viernes, dijeron fuentes vinculadas a estos procedimientos.En ese contexto, se espera que hoy queden confinados en un cuartel de la Marina, en Santiago, once ex miembros de esa institución, situación que se repetirá con catorce efectivos retirados de la Fuerza Aérea.Para el jueves está previsto que ocurra lo mismo con 32 miembros de Carabineros, seis ex integrantes de la Policía de Investigaciones (PDI) y dos antiguos funcionarios de Gendarmería.El viernes, por último, deberán presentarse en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén,

La noticia de la existencia de ex agentes de la DINA y la CNI contratados por el Ejército en distintas labores fue recibida como un nuevo duelo por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD). Su presidenta, Lorena Pizarro, solicitó este martes "una audiencia urgente" con el ministro de Defensa Francisco Vidal para solicitarle explicaciones por esta situación, que se suma a otros episodios similares dados a conocer durante las administraciones Bachelet, Lagos y Frei. La información fue dada a conocer el domingo pasado por el diario La Nación indicando que entre los ex uniformados "hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo" de la DINA, así como un ex fiscal militar "que falsificó documentos para encubrir el crimen de Carmelo Soria, un médico del Ejército que torturó prisioneros y el agente que sacó a Eugenio Berríos de Chile"."Palabras inaceptables"Lorena Pizarro señaló a El Mostrador que hasta anoche

Ciento treinta y una son las órdenes de arresto en contra de ex agentes de la DINA que decretó el juez Víctor Montiglio, en relación a los procesamientos que dictó este martes en los casos Operación Colombo, Operación Cóndor y Calle Conferencia, lo que deja en cerca de 150 la lista de procesados considerando a los que ya están en prisión Las detenciones están siendo cumplidas por la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, aunque al menos los arrestos de los 50 procesados del Ejército están siendo coordinados por funcionarios del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército. La cantidad total de procesados llegaría a los 150 ex agentes, puesto que hay que sumar, por un lado, a los ex represores encausados por el juez que aún permanecen detenidos en forma preventiva por anteriores procesamientos que les afectaron, y por otro, a aquellos procesados por Montiglio ayer que están presos cumpliendo condenas por otros delitos, como es por ejemplo el caso de la cúpula de l

Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras solicitando formalmente al representante del Ejecutivo que se encuentra presente en la Sala, que por respeto a su propia historia y a la coalición de Gobierno que representa, que retire de inmediato el artículo 4° del proyecto, porque violenta los principios más esenciales del ordenamiento democrático de nuestro país y los principios por los cuales luchamos muchos años durante la dictadura militar. Si no lo hace, quiero decir formalmente que, en lo que a mí respecta y me imagino que también a otros diputados, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional. Si allí no se responde que esta norma es inconstitucional, recurriremos a los tribunales internacionales, porque ésta es una de las normas que con mayor oprobio transgrede uno de los principios más esenciales de la democracia. Cuando el ministro José Antonio Viera-Gallo, hace algo más de 30 días, compareció ante las Naciones Unidas, en el nombre del Estado de Chile, para dar cuenta sobre la

Nuestro calendario nacional parece un gran cementerio. Está poblado de cruces rojas. 1° de Abril asesinato de Lautaro; 21 de Diciembre Matanza de Sta. María de Iquique; 5 de Septiembre Matanza del Seguro Obrero; 11 de Septiembre Golpe de Estado; 6 de Junio Día Nacional contra la Tortura; 25 de Junio detención de Carlos Lorca; 2 de Julio asesinato de Patricio Sobarzo; 5 de Octubre muerte de Miguel Enríquez; 15 y 16 de Junio Matanza de Corpus Christi; 29 de Marzo asesinato de los hermanos Vergara Toledo; 29 de Marzo degollamiento a tres profesionales comunistas; y así las fechas luctuosas se pierden en los ecos de la pólvora, metralla, sangre, esquirlas que se incrustan en nuestra memoria. Hay un día, eso sí, vigente como ningún otro. Un día de dolor y duelo. No se trata de una fecha pretérita. Es el día Nacional del Detenido Desaparecido. 30 de Agosto. A diferencia de las otras fechas que pasan a formar parte de la historia. Por tanto incorporadas en libros, textos, memoriales y monumen