Democracia Cristiana evita compromiso para eliminar Ley de Amnistia en Chile.-

(Stgo. Chile. Oct. 2006. ANCHI)Nuevamente se abrió en este país la posibilidad de que se derogue o anule la ley de amnistía decretada en 1978 por la dictadura y que hasta la fecha puede beneficiar a uniformados que cometieron crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos. De acuerdo a informes extraoficiales, en las oficinas de la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza la ministra Paulina Veloso, ya estaría lista una iniciativa en ese sentido que debe ser tramitada en el Congreso para su aprobación. Precisamente, una delegación de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos concurrió al palacio presidencial de La Moneda a una reunión con la Ministra Veloso para insistir en la necesidad de que el gobierno emita una iniciativa que ponga fin a la amnistía impuesta hace 27 años por los militares. La oficialista Concertación por la Democracia contaría con los votos para suprimir dicho decreto, a pesar de lo que haga la derecha. A mediados de octubre parlamentarios del Partido Socialista comprometieron su voto y su voluntad para aprobar la derogación de esa ley –que fue emitida como decreto durante la dictadura-, paso que siguieron otros legisladores concertacionistas. Sin embargo, surgieron voces no menores en el oficialismo que prefirieron abstenerse de tomar en estos momentos una posición definida respecto al tema. Es así que Soledad Alvear, presidenta de la Democracia Cristiana, y Sergio Bitar, presidente del centrista Partido por la Democracia, se negaron a comprometer un apoyo explícito a esta medida. Ambos optaron por “la cautela” y el “análisis responsable” para definir si votan o no contra la amnistía. Justificaron su posición echándole el bulto al gobierno: Dijeron que sin conocer la iniciativa de La Moneda, no podían tener una decisión. Esta postura la adopta la DC y el PPD cuando las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados, organismos de derechos humanos y organizaciones políticas y sociales completan casi 30 años de argumentación en contra de una amnistía que benefició y beneficia sustancialmente a uniformados responsables de crímenes y violaciones a los derechos humanos. Para Soledad Alvear “en este tipo de asuntos se debe actuar con responsabilidad para no crear falsas expectativas entre los familiares sobre una modificación legal”. En tanto Sergio Bitar enfatizó que al no conocer los legisladores el proyecto no pueden pronunciarse. Como sea, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, señaló que “nosotros hemos reiterado nuestra demanda de la nulidad de este proyecto de ley”. Agregó que “ningún país se puede autodenominar democrático teniendo vigente un decreto de autoperdón”. Para el senador socialista Jaime Naranjo, “ese decreto no tenía ningún valor ético ni jurídico. Lo que correspondía a los Tribunales de Justicia era investigar los casos, ya que dicho decreto ley era absolutamente contrario al espíritu y a los acuerdos internacionales que nuestro país ha firmado en relación con los crímenes de lesa humanidad”. Lo concreto es que muchísimos militares acusados de crímenes de lesa humanidad se han beneficiado de la ley de amnistía. Hay casos emblemáticos como el de carabineros que masacraron a campesinos en la localidad de Lonquén y de personal civil y militar que formó parte del represivo Comando Conjunto y que, entre otras cosas, hizo desaparecer y presumiblemente asesinó a unos 13 dirigentes del Partido Comunista. En todo caso, desde 1998 que la Corte Suprema no se ve inmiscuida en la aplicación de la amnistía aquí en Chile. La división que se presenta ahora en la Concertación –el PS comprometiendo su respaldo y la DC y el PPD dudando- podría llevar al fracaso la iniciativa de fin de la amnistía, mas si se considera que la derecha, con sus partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente optarán por la permanencia de la amnistía. Varios personeros de esas colectividades fueron personeros de la dictadura y tienen lazos afectivos, profesionales y políticos con miembros del régimen militar ahora retirados.-