Denuncian “anomalías” en Instituto de Derechos Humanos
Por Antonio Valencia / La Nación
Organizaciones como el Codepu, Fasic, Pidee, Observatorio de Pueblos Indígenas y ex presos políticos de la V Región, entre otros, declararon ilegítimo el proceso: 15 de las 42 entidades habilitadas para elegir cuatro cargos se formaron recién en 2009 en el mismo domicilio en Puerto Varas, donde no funciona ninguna institución.
Organizaciones como el Codepu, Fasic, Pidee, Observatorio de Pueblos Indígenas y ex presos políticos de la V Región, entre otros, declararon ilegítimo el proceso: 15 de las 42 entidades habilitadas para elegir cuatro cargos se formaron recién en 2009 en el mismo domicilio en Puerto Varas, donde no funciona ninguna institución.
Una serie de organizaciones con reconocida trayectoria en la defensa y promoción de los derechos humanos denunciaron una serie de “anomalías” en el proceso de elección de los cuatro consejeros que le corresponde nombrar a la sociedad civil para la integración del directorio del Instituto de Derechos Humanos (IDH), entidad nacida en noviembre tras la respectiva ley promulgada por la Presidenta Michelle Bachelet .
En lo sustancial, los denunciantes advierten que 15 de las 42 organizaciones inscritas en el Ministerio del Interior para participar del proceso “se establecieron hace menos de un año, tienen un mismo domicilio y no se dedican a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos”, por lo que objetaron el proceso de elección de consejeros realizada el martes en el hotel Plaza San Francisco.
La Nación tuvo acceso al listado de organizaciones y constató que, inscritas con distintos nombres y diferentes representantes legales, 19 de ellas declaran funcionar en la misma dirección (calle Coyhaique Nº 2361, comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos), diez de las cuales “funcionan” desde el 30 de junio de 2009 y otras tres desde el 18 de junio pasado. Dicho domicilio, no obstante, corresponde a una humilde casa cuyo teléfono registrado permanece con buzón de voz.
Entre las organizaciones que enviaron la carta a Bachelet describiendo las anomalías y solicitando la intervención presidencial se encuentran el Fasic, Pidee, Codepu, Observatorio de Derechos Indígenas, Movilh, Cedem, Opción, Genera-Ideas, Corporación de Interés Público, Corporación Parque Villa Grimaldi, Cinprodh, Corporación Humanas y la agrupación de ex Presas y Presos Políticos de la V Región.
La denuncia señala que las organizaciones cuestionadas no cumplen con el requisito establecido por ley para participar del proceso, para lo cual debían acreditar “un accionar ligado a la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Por lo mismo, apuntan a la falta de “rigurosidad” del Ministerio del Interior para constituir el registro en que fueron inscritas estas agrupaciones que, finalmente, “impusieron” en la elección a dos “personas que no cuentan con la trayectoria personal exigida por el artículo 6 de la ley que crea el instituto, esto es, consejeros con trayectoria reconocida en el ámbito de los derechos humanos”.
ELECCIÓN
Como estos antecedentes fueron conocidos por los denunciantes este martes momentos antes de realizar la votación convocada por Decreto Supremo, y pese a intentar arribar a un acuerdo que salvara la situación en base al principio de “igualdad de oportunidades” y debida “pluralidad”, los organismos denunciantes decidieron no legitimar la elección y abandonaron la sala.
Sin embargo, la votación igualmente se efectuó, eligiendo a los cuatro consejeros, dos ligados a las organizaciones cuestionadas (Centro de Estudios Sociales y Democracia y Centro Cultural, y Laboral Rayitrai, ambos domiciliados en la misma dirección en Puerto Varas), y dos de reconocida trayectoria que, sin embargo, en estas condiciones no están dispuestos a formar parte del proceso.
El IDH nació para promover y defender los derechos humanos. Su directorio está compuesto por 11 miembros: cuatro de la sociedad civil -en actual conflicto-, cuatro designados por el Congreso, dos por la Presidenta y uno por los decanos de Derecho de las universidades tradicionales.
GOBIERNO ACUDE A CONTRALORÍA
“La situación es extraña y debe ser aclarada. Nos llamó mucho la atención que aparecieran organizaciones con el mismo domicilio, por lo que pedimos a Contraloría un pronunciamiento sobre la forma que se otorgaron en la Municipalidad de Puerto Varas las personalidades jurídicas”, dijo ayer el subsecretario del Interior Patricio Rosende.
Agregó que los denunciantes pueden impugnar el proceso ante el Ministerio del Interior, pero que la ley no exige trayectoria a las organizaciones.
“El único requisito es respecto de los directores (consejeros) elegidos, y que ahí debe tratarse de personas de reconocida trayectoria en derechos humanos. Sobre entidades, la ley no establece criterio de trayectoria ni antigüedad ni de nada”, sostuvo.
En lo sustancial, los denunciantes advierten que 15 de las 42 organizaciones inscritas en el Ministerio del Interior para participar del proceso “se establecieron hace menos de un año, tienen un mismo domicilio y no se dedican a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos”, por lo que objetaron el proceso de elección de consejeros realizada el martes en el hotel Plaza San Francisco.
La Nación tuvo acceso al listado de organizaciones y constató que, inscritas con distintos nombres y diferentes representantes legales, 19 de ellas declaran funcionar en la misma dirección (calle Coyhaique Nº 2361, comuna de Puerto Varas, Región de Los Lagos), diez de las cuales “funcionan” desde el 30 de junio de 2009 y otras tres desde el 18 de junio pasado. Dicho domicilio, no obstante, corresponde a una humilde casa cuyo teléfono registrado permanece con buzón de voz.
Entre las organizaciones que enviaron la carta a Bachelet describiendo las anomalías y solicitando la intervención presidencial se encuentran el Fasic, Pidee, Codepu, Observatorio de Derechos Indígenas, Movilh, Cedem, Opción, Genera-Ideas, Corporación de Interés Público, Corporación Parque Villa Grimaldi, Cinprodh, Corporación Humanas y la agrupación de ex Presas y Presos Políticos de la V Región.
La denuncia señala que las organizaciones cuestionadas no cumplen con el requisito establecido por ley para participar del proceso, para lo cual debían acreditar “un accionar ligado a la promoción y defensa de los derechos humanos”.
Por lo mismo, apuntan a la falta de “rigurosidad” del Ministerio del Interior para constituir el registro en que fueron inscritas estas agrupaciones que, finalmente, “impusieron” en la elección a dos “personas que no cuentan con la trayectoria personal exigida por el artículo 6 de la ley que crea el instituto, esto es, consejeros con trayectoria reconocida en el ámbito de los derechos humanos”.
ELECCIÓN
Como estos antecedentes fueron conocidos por los denunciantes este martes momentos antes de realizar la votación convocada por Decreto Supremo, y pese a intentar arribar a un acuerdo que salvara la situación en base al principio de “igualdad de oportunidades” y debida “pluralidad”, los organismos denunciantes decidieron no legitimar la elección y abandonaron la sala.
Sin embargo, la votación igualmente se efectuó, eligiendo a los cuatro consejeros, dos ligados a las organizaciones cuestionadas (Centro de Estudios Sociales y Democracia y Centro Cultural, y Laboral Rayitrai, ambos domiciliados en la misma dirección en Puerto Varas), y dos de reconocida trayectoria que, sin embargo, en estas condiciones no están dispuestos a formar parte del proceso.
El IDH nació para promover y defender los derechos humanos. Su directorio está compuesto por 11 miembros: cuatro de la sociedad civil -en actual conflicto-, cuatro designados por el Congreso, dos por la Presidenta y uno por los decanos de Derecho de las universidades tradicionales.
GOBIERNO ACUDE A CONTRALORÍA
“La situación es extraña y debe ser aclarada. Nos llamó mucho la atención que aparecieran organizaciones con el mismo domicilio, por lo que pedimos a Contraloría un pronunciamiento sobre la forma que se otorgaron en la Municipalidad de Puerto Varas las personalidades jurídicas”, dijo ayer el subsecretario del Interior Patricio Rosende.
Agregó que los denunciantes pueden impugnar el proceso ante el Ministerio del Interior, pero que la ley no exige trayectoria a las organizaciones.
“El único requisito es respecto de los directores (consejeros) elegidos, y que ahí debe tratarse de personas de reconocida trayectoria en derechos humanos. Sobre entidades, la ley no establece criterio de trayectoria ni antigüedad ni de nada”, sostuvo.
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