Familiares de detenidos desaparecidos dice que Ejército ampara a abusadores
SANTIAGO.- Activistas y legisladores exigieron este domingo que varios militares procesados por violaciones a los derechos humanos durante el pasado regimen militar de Augusto Pinochet Ugarte dejen de percibir salarios del Ejército, al que acusaron de ampararlos.
"Hay una complicidad, el Ejército debe dar explicaciones y separar de sus filas no sólo a los que violaron los derechos humanos, sino también a quienes los amparan", expresó a presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
La activista criticó al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, y al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, al enterarse de que un coronel y dos suboficiales procesados por crímenes de lesa humanidad permanecen en servicio activo y reciben un salario mensual.
La existencia de los 13 militares retirados, involucrados en crímenes de la dictadura (1973-1990), y de otro condenado que reciben salarios del ejército, fue divulgada hace una semana por el diario La Nación y confirmada por Izurieta al ministro de Defensa, Francisco Vidal.
Vidal justificó la situación señalando que debe primar la presunción de inocencia, lo que indignó a miles de familiares de las víctimas de la dictadura y a parlamentarios oficialistas. Son pagados con fondos fiscales y sus ingresos mensuales oscilan entre 450 y 2.200 dólares mensuales.
Pizarro recordó las recientes gestiones del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, para que no se creara en la Cámara de Diputados una comisión para investigar este caso.
"El fin del gobierno de no hacer esta comisión... es que no se conozca la red de protección de agentes terroristas... Estamos recién conociendo una punta de la lanza... hay que saber qué pasa con las otras ramas de las Fuerzas Armadas", añadió la presidenta de la AFDD.
"Esperamos... la completa e inmediata desvinculación de los agentes de la DINA y de la CNI de las filas del ejército", dijo el domingo el diputado Sergio Aguiló, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La DINA y la CNI fueron los mayores organismos represivos de Pinochet, fallecido en 2006, que dejaron 3.197 muertos, incluidos 1.200 detenidos desaparecidos, según cifras oficiales de 1991.
"Hay una complicidad, el Ejército debe dar explicaciones y separar de sus filas no sólo a los que violaron los derechos humanos, sino también a quienes los amparan", expresó a presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro.
La activista criticó al comandante en jefe del Ejército, general Oscar Izurieta, y al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, al enterarse de que un coronel y dos suboficiales procesados por crímenes de lesa humanidad permanecen en servicio activo y reciben un salario mensual.
La existencia de los 13 militares retirados, involucrados en crímenes de la dictadura (1973-1990), y de otro condenado que reciben salarios del ejército, fue divulgada hace una semana por el diario La Nación y confirmada por Izurieta al ministro de Defensa, Francisco Vidal.
Vidal justificó la situación señalando que debe primar la presunción de inocencia, lo que indignó a miles de familiares de las víctimas de la dictadura y a parlamentarios oficialistas. Son pagados con fondos fiscales y sus ingresos mensuales oscilan entre 450 y 2.200 dólares mensuales.
Pizarro recordó las recientes gestiones del ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, para que no se creara en la Cámara de Diputados una comisión para investigar este caso.
"El fin del gobierno de no hacer esta comisión... es que no se conozca la red de protección de agentes terroristas... Estamos recién conociendo una punta de la lanza... hay que saber qué pasa con las otras ramas de las Fuerzas Armadas", añadió la presidenta de la AFDD.
"Esperamos... la completa e inmediata desvinculación de los agentes de la DINA y de la CNI de las filas del ejército", dijo el domingo el diputado Sergio Aguiló, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados.
La DINA y la CNI fueron los mayores organismos represivos de Pinochet, fallecido en 2006, que dejaron 3.197 muertos, incluidos 1.200 detenidos desaparecidos, según cifras oficiales de 1991.
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